La ley permitirá construir hoteles nuevos de cualquier categoría
El Gobierno canario ha retirado el veto a la construcción de hoteles de cuatro estrellas de nueva planta; es decir, desligados del incentivo de la renovación o rehabilitación. Actualmente están excluidos de la restricción los establecimientos de cinco estrellas o gran lujo. Esta era una demanda de amplios sectores de Gran Canaria, que veían seriamente limitado el crecimiento turístico en esa isla. Finalmente, el Ejecutivo ha accedido a impulsar una modificación de la ley de 2013. Pero no será a cualquier precio.
Sin renunciar al espíritu que inspira la vigente normativa, el anteproyecto aprobado ayer introduce matices que “perfeccionan el modelo sin desvirtuarlo”. Con estas palabras, el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, explicó ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación el contenido del borrador que será remitido al Consejo Consultivo para que, por el procedimiento de urgencia -un máximo de 15 días-, emita el preceptivo dictamen. Una vez recibido el informe, el texto volverá al Ejecutivo para su transformación en proyecto. La idea es que se acorten los plazos de la tramitación parlamentaria, lo cual incluiría un debate de lectura única. Ahora bien, abrir la mano no significa dar el brazo a torcer. Aunque se amplía el catálogo de las actuaciones empresariales, en suelo ya calificado y urbanizado, el cambio va acompañado de un endurecimiento de los parámetros de calidad y de las eventuales sanciones aplicables por infracción, que se agravan. Tampoco es un detalle menor que la propuesta no suprima los apartados a y c del artículo 4.2, que están recurridos ante el Tribunal Constitucional. Lo que hace es “adaptarlos”. Berriel cree que “se colman las aspiraciones” de diversos colectivos.
Un tribunal supervisará los contratos públicos
El Gobierno de Canarias decidió ayer solicitar dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que creará el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.
De carácter unipersonal, el nuevo órgano es consecuencia de la aplicación de una ley básica nacional que prevé su constitución en las comunidades autónomas.
Este tribunal actuará con plena independencia funcional y será competente para resolver los recursos especiales en materia de contratación que se establezcan en el ámbito del sector público autonómico, detalló el portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
En concreto, recalcó Martín Marrero, “resolverá solicitudes relacionadas con las medidas provisionales y cuestiones de nulidad, además de las reclamaciones que se interpongan en procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
De acuerdo con su régimen de funcionamiento, el tribunal “ejercerá sus atribuciones con independencia, objetividad, imparcialidad y sin sujeción a vínculos jerárquicos”. Sus resoluciones agotarán la vía administrativa y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Resolución de recursos
Aunque desempeñará sus funciones en el ámbito del sector público autonómico, las corporaciones locales y las universidades públicas, si bien podrán crear sus propios órganos independientes, tendrán la posibilidad de atribuir esas competencias al tribunal mediante la formalización de un convenio. El Parlamento de Canarias, junto con las instituciones y entidades que dependen de él, y el Consejo Consultivo también podrán pedir a este órgano la resolución de sus recursos.
El titular del tribunal será designado por un periodo de cinco años entre funcionarios de carrera con licenciatura o grado en Derecho, si bien podrá convertirse en un órgano colegiado en función del volumen de los asuntos tratados.